La Secretaría de Educación Pública (SEP), en coordinación con autoridades federales, inició un proceso de revisión sobre el funcionamiento de los planteles educativos que operan bajo un modelo de formación militarizada en el país. La medida aplica tanto para instituciones públicas administradas por los estados como para colegios particulares.
La decisión surge tras los recientes acontecimientos registrados en Tamaulipas, los cuales encendieron las alarmas sobre los protocolos de disciplina, supervisión e impartición de enseñanzas en estos centros. Con esta evaluación, el Gobierno Federal busca garantizar que todas las escuelas de este tipo cumplan estrictamente con los derechos humanos, los lineamientos pedagógicos nacionales y los estándares de seguridad para el alumnado.
