Ciudad de Mexico, 18 de abril de 2026.- Más de 2 mil jubilados provenientes de 29 entidades del país se movilizaron este viernes en Paseo de la Reforma para exigir la suspensión inmediata de la medida que podría reducir hasta 60 por ciento sus pensiones.
El decreto, publicado el pasado 10 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece modificaciones al Artículo 127 constitucional para fijar un tope a las pensiones financiadas con recursos públicos. El tope no podrá superar el 50 por ciento del salario de la Presidencia de la República, lo que equivale a alrededor de 70 mil pesos mensuales.
Más de 93 mil jubilados de Pemex, CFE, Banobras y Luz y Fuerza del Centro (LFC) podrían enfrentar dichas reducciones. Los inconformes argumentan que el decreto vulnera el principio de no retroactividad establecido en el Artículo 14 constitucional.
Enrique Martínez, vocero de la Alianza Nacional de Jubilados, declaró: “¡Exigimos de manera inmediata que se suspenda la aplicación de esta reforma!”. Durante la protesta, los jubilados manifestaron: “Hoy es contra nosotros, mañana puede ser contra cualquier trabajador”.
Anunciaron el inicio de una estrategia legal que incluirá la presentación de amparos, así como cabildeo con legisladores y organismos nacionales e internacionales. Enrique Velázquez, uno de los coordinadores de la Alianza Nacional de Jubilados, indicó que seguirán interponiendo amparos indirectos contra los efectos de la enmienda.
Jubilados de Pemex, CFE, Banobras y LFC solicitarán una mesa de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum para plantearle que se revise la reforma constitucional y que esta no se aplique de manera retroactiva. Velázquez expuso que buscarán también una mesa de análisis con legisladores, a fin de aportar información para la elaboración de las leyes secundarias de la reforma al artículo 127 de la Constitución.
El gobierno federal ha señalado que la reforma busca eliminar privilegios y acotar las llamadas ‘pensiones doradas’ en el sector público, con el objetivo de generar ahorros cercanos a 5 mil millones de pesos anuales. Alfredo Vargas, ex trabajador de la desaparecida LFC, mencionó: “Si hay abusos, que investiguen y se revisen, pero a partir de información real, ya que cuando las decisiones se toman con información incompleta y equivocada, las consecuencias también lo son”.
