Ciudad De México, 19 de abril de 2026.- Servidores públicos de la Secretaría del Bienestar agredieron y expulsaron a dos periodistas que documentaban la credencialización del sistema universal de salud en un módulo instalado en una tienda SuperISSSTE dentro de la alcaldía Coyoacán. Los hechos ocurrieron el miércoles 15 de abril de 2026.
Los periodistas agredidos fueron Marco Campillo y el camarógrafo Alejandro Ramírez de Meganoticias Mx, quienes iban debidamente identificados con el uniforme y credenciales de su medio. Según reportes, una persona se acercó para tapar el lente de la cámara con la finalidad de impedirles la grabación, situación que escaló a empujones, jaloneos y forcejeos por parte de los funcionarios. Los reporteros fueron sacados del lugar entre empujones, sin poder continuar con su labor informativa.
Mientras que los periodistas denunciaron afectaciones a su equipo, así como amenazas, otras fuentes señalaron que los comunicadores no habrían recibido daños físicos, aunque sí su equipo de trabajo. El periodista Andrés A. Solís indicó que los periodistas también habrían sido amenazados y se señaló que la directora general de la Secretaría del Bienestar en la zona sur de la CDMX, Irán Edith Rodríguez, incitó a la violencia.
En otro frente, el exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Carlos Oseguera, fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad en agravio de la periodista Dalia Villegas Moreno. Los hechos por los que fue vinculado ocurrieron el 2 de noviembre en Palacio de Gobierno, cuando la comunicadora cubría una intervención policial durante una protesta. La audiencia concluyó en la madrugada de un jueves, alrededor de las 4:19 horas, en el Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán.
El juez fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, la cual deberá cerrarse el 16 de junio. El caso no avanzó por los tres delitos inicialmente imputados por la FEADLE; únicamente se consideró acreditado el abuso de autoridad, mientras que se descartaron los delitos de intimidación y robo calificado. El magistrado determinó que no se acreditó el elemento del ‘ánimo de apropiación’ del teléfono celular de la periodista, a pesar de que le fue arrebatado, y que el delito de intimidación fue desestimado al no acreditarse que la reportera estuviera recabando evidencia con la finalidad específica de presentar una denuncia.
Por otro lado, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez, Chihuahua, detuvieron el sábado 11 de abril de 2026 a un grupo de 15 personas que realizó un mural satirizando la figura del alcalde Cruz Pérez Cuéllar. Entre los detenidos se encontraban los artistas urbanos Miguel ‘Mick’ Martínez y ‘Chuchito Psy’. El alcalde dio la orden de liberarlos al conocer sobre la detención, aunque el grafiti que evocaba la imagen del presidente municipal con rasgos animales fue borrado.
Respecto al incidente en Juárez, Cruz Pérez Cuéllar declaró: “La libertad de expresión tiene límites y uno de los límites es el respeto a la dignidad de la persona, sea quien sea”, aunque también afirmó que “si está en la política tiene que aguantar”. Por su parte, el artista Chuchito Psy comentó: “Aquí murió la ‘libertad’ de expresión…”.
Finalmente, el abogado Paulo Díez Gargari ganó un litigio contra la FGR para ser indemnizado, con un fallo definitivo confirmado el miércoles 15 de abril de 2026 por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró en 2025 al Estado responsable del daño material y moral tras un operativo en 2015 donde agentes chocaron su vehículo y sembraron un arma. Ximena Jiménez García señaló: “A partir de estas irregularidades se concluye que existe un nexo causal entre el daño y el actuar (sic) del Estado”.
