En lo que representa uno de los capítulos más complejos en las relaciones entre el Gobierno federal y las administraciones estatales, la Fiscalía General de la República (FGR) citó de manera formal a declarar a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván. Fuentes de la dependencia confirmaron que la investigación se centra en el polémico “Caso Chihuahua”, una carpeta que indaga la presunta intervención operativa y la presencia no autorizada de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos en diversas acciones de seguridad pública dentro de territorio chihuahuense.
La notificación obligará a la mandataria estatal a trasladarse a las oficinas centrales de la FGR en la Ciudad de México para rendir su declaración sobre los protocolos de cooperación fronteriza implementados por su gobierno. De acuerdo con los primeros informes sobre la carpeta federal, las autoridades buscan esclarecer si existieron acuerdos bilaterales al margen de los canales diplomáticos oficiales de la Cancillería mexicana, lo que podría constituir una violación a la soberanía nacional y a las leyes de seguridad interior.
Ante este escenario, la dirigencia nacional y los gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) salieron de inmediato en defensa de Campos Galván, activando una intensa movilización interna. El blanquiazul emitió un comunicado conjunto en el que calificó el citatorio como un intento de “intimidación política” y una “cortina de humo” orquestada desde el centro del país. Los líderes del partido aseguraron que el panismo nacional se mantiene completamente cohesionado y advirtieron que vigilarán de cerca el proceso para evitar el uso faccioso de las instituciones de justicia en contra de gobernantes de la oposición.
Claves del “Caso Chihuahua” 🏛️🇲🇽🇺🇸
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Citatorio federal: La FGR llamó a comparecer formalmente a la gobernadora Maru Campos en la Ciudad de México para responder por las investigaciones en su estado.
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La sospecha central: La carpeta federal rastrea la presunta presencia de agentes de la CIA operando de forma ilegal o sin los permisos correspondientes en los operativos locales de Chihuahua.
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Soberanía en juego: El centro del debate jurídico radica en determinar si el gobierno estatal rebasó sus facultades de coordinación fronteriza al margen del marco legal federal.
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Reacción partidista: El PAN cerró filas de inmediato en torno a la gobernadora, denunciando que el caso es una maniobra política de cara a los próximos periodos electorales.
