Ciudad De México, 18 de abril de 2026.- Oceana calificó como “pasos necesarios, pero insuficientes” la admisión pública de responsabilidad de Pemex por el derrame de hidrocarburo en el golfo de México y la separación de tres funcionarios. La organización señaló que el ocultamiento de información sobre el caso representa “un fallo institucional inaceptable”.
El gobierno mexicano ocultó y luego negó durante 72 días el derrame petrolero en el Golfo de México. El 26 de marzo, autoridades sostenían que el problema provenía de tres fuentes: un vertimiento ilegal de un buque, una chapopotera natural frente a Coatzacoalcos y otra emanación natural en la zona de Cantarell. En esa fecha, Semarnat declaró formalmente que “se descarta un daño ambiental severo”.
Sin embargo, el 17 de abril, el grupo científico convocado por el Gobierno mexicano concluyó que “sí existe evidencia de un derrame de hidrocarburo” en instalaciones de Pemex en la zona de Cantarell. Un día después, el 16 de abril, Pemex y el Gobierno de México cambiaron por completo la versión oficial y admitieron su responsabilidad.
Pemex informó que la fuga fue localizada el 8 de febrero en un oleoducto de 36 pulgadas, cuya reparación concluyó el 18 de febrero. La empresa reportó irregularidades como el ocultamiento de al menos 350 metros cúbicos de agua oleosa recuperada y el retraso de ocho días en el cierre de una válvula principal, acción que se ejecutó hasta el 14 de febrero, ocho días después de detectarse la fuga.
Ante estos hechos, Pemex confirmó la separación de tres mandos mientras avanzan las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) de México y del órgano interno de control (OIC). Se destituyó al subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental; al coordinador de Control Marino, Derrames y Residuos; y al líder de Derrames y Residuos.
Oceana afirmó que las autoridades aún no cuentan con un cálculo confiable del volumen exacto derramado, lo que impide dimensionar el daño real, planificar una remediación efectiva y establecer compensaciones. Por su parte, Greenpeace señaló que el ocultamiento del derrame representa “una negligencia con consecuencias”, ya que las comunidades costeras no fueron alertadas ni preparadas para el arribo del hidrocarburo.
El derrame representó afectaciones a 48 playas y la recolección de 915 toneladas de residuos compuestos por hidrocarburo mezclado con arena, palizada y sargazo. Del 5 al 10 de abril, el gobierno federal dispersó un apoyo económico de 15 mil pesos a 3,379 pescadores de Tabasco y Veracruz afectados. Además, se formalizó la creación del Observatorio Permanente del Golfo de México para el monitoreo ambiental.
En otro frente, pescadores reportaron riesgo sanitario ante la presencia de presunto hidrocarburo en botellas plásticas con residuos y peces muertos en el río Cazones. Pemex negó la presencia de combustible en la zona afectada del río. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) tomó cartas en el asunto y advirtió a la población que evite el consumo de peces provenientes del río Cazones, aunque no se ha determinado si el contaminante hallado pertenece al derrame del Golfo de México.
