Ciudad De México, 17 de abril de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) colocó en la antesala del embargo a dos empresas vinculadas a figuras cercanas al gobierno: Argos Producciones, ligada a Epigmenio Ibarra, e IBN Industrias de Inteligencia Artificial y Alta Tecnología Balística, asociada a Arturo Ávila Anaya, vocero de los diputados de Morena.
En el caso de Argos Producciones, el origen del adeudo se remonta a febrero de 2020. El SAT determinó el crédito fiscal el 7 de diciembre de 2022 y lo notificó el 13 de ese mismo mes. Para febrero de 2026, la autoridad ya había emitido un mandamiento de ejecución contra la empresa, cuyo crédito fiscal asciende a 8 millones 690 mil pesos. Argos, que tiene sus estudios de grabación y escuela en Tlalnepantla, recibió en 2020 un crédito de hasta 150 millones de pesos de Bancomext. Además, al menos cinco razones sociales del grupo obtuvieron condonaciones entre 2020 y 2022 por un monto acumulado de 8 millones 862 mil pesos; específicamente, Argos Producciones S.A. de C.V. obtuvo dos condonaciones: una publicada el 1 de julio de 2020 por 2 millones 895 mil pesos y otra el 1 de enero de 2022 por 4 millones 463 mil pesos.
Por otra parte, el SAT determinó el crédito fiscal de IBN el 10 de junio de 2024 y lo notificó el 14 de ese mes. La autoridad emitió un mandamiento de ejecución contra esta empresa el 13 de marzo de 2026. El monto original del adeudo era de un millón 514 mil 163 pesos, pero la actualización por inflación lo elevó a un millón 743 mil 034 pesos. A esta cantidad se sumaron recargos por 711 mil 672 pesos, multas por 822 mil 855 pesos y gastos de ejecución por 138 mil 693 pesos, lo que eleva el total del adeudo a 2 millones 593 mil 399 pesos. IBN contó con un contrato en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para servicios de seguridad por hasta 3 millones 500 mil pesos mensuales y fue contratista de Pemex, obteniendo en marzo de 2021 un contrato por 4 millones 731 mil pesos para arrendamiento de camionetas blindadas, así como un segundo contrato asignado de manera directa por 13 millones 780 mil pesos vigente entre 2021 y 2022. En marzo de 2021, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a IBN por dos años para celebrar contratos con el gobierno.
De manera paralela, la Secretaría Anticorrupción investiga a funcionarios públicos en el marco del caso Infodemia. Raquel Buenrostro emitió una orden para investigar a Jenaro Villamil y Miguel Elorza, existiendo ya un expediente en su contra. Esta acción se produce después de que Infodemia intentara desmentir al periodista Ignacio Gómez Villaseñor, quien denunció a Villamil y Elorza por faltas administrativas, peculado y ejercicio ilícito del servicio público.
Infodemia, organismo adscrito al Sistema Público de Radiodifusión (SPR), ha sido cuestionado por diversas organizaciones. La organización Sociedad Civil México exigió la cancelación inmediata de la plataforma, asegurando que “fabrica mentiras cuando le sirve al poder”. La agrupación señaló que “el problema es estructural. Cuando el poder decide qué información es válida, se cruza la línea hacia el control narrativo propio de regímenes autoritarios” y calificó las acciones de la plataforma como “mentiras sistemáticas financiadas por el pueblo”.
Entre los episodios citados, Infodemia aseguró falsamente que las imágenes de una mujer descansando en los balcones de Palacio Nacional eran creadas con inteligencia artificial. Asimismo, el pasado 20 de marzo, la plataforma tildó de “mentira” los reportes de Azteca Noticias y Greenpeace sobre un derrame de crudo en las costas veracruzanas, evento para el cual Pemex reconoció oficialmente que el hidrocarburo provenía de uno de sus ductos.
