El gobierno de Jalisco entrega 900 millones de pesos al año a empresarios del transporte público. La tarifa subió a 11 pesos. El servicio no mejoró. No hay rutas nuevas, no hay unidades nuevas, no hay horarios cumplidos. El senador Carlos Lomelí exigió que el gobernador Pablo Lemus explique cómo se distribuye ese subsidio, quién lo recibe y bajo qué criterios. También exigió transparentar el contrato con la empresa Broxel y el destino de cinco millones de tarjetas del sistema de pago. En cinco años ese subsidio acumula 4,500 millones de pesos sin rendición de cuentas. El senador propuso que esos recursos se redirijan al abasto de agua en la ZMG, donde miles de familias siguen sin servicio regular.
