La nueva Ley General de Aguas, divulgada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2025, marca un importante progreso en la protección del agua en México. Esta ley define claramente que el suministro esencial para el consumo humano no puede ser totalmente interrumpido por falta de pago, asegurando el acceso al agua como un derecho humano fundamental.
En Jalisco, un estado con altos niveles de estrés hídrico en el país, esta medida es especialmente significativa al proporcionar mayor seguridad a las familias y comunidades que dependen del servicio público. La reforma fortalece el control del Estado sobre el agua, prioriza su uso para fines personales y domésticos, y promueve un uso equitativo y sostenible del recurso.
El senador de Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, y el grupo parlamentario de MORENA en el Senado apoyaron esta ley, subrayando su relevancia para evitar atropellos, proteger a los grupos más vulnerables y garantizar que el agua siga siendo un patrimonio público destinado al pueblo.
Con esta normativa, México progresa hacia una gestión del agua más justa, inclusiva y centrada en el bienestar social, beneficiando especialmente a áreas como Jalisco que enfrentan problemas por la escasez y el aumento de la demanda.
